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Barreras


BARRERAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS NORMAS QUE EXPIDEN LAS AUTORIDADES TERRITORIALES

Al revisar la normatividad colombiana se encuentran dos tipos de barreras normativas al despliegue de redes de telecomunicaciones: Las Barreras de Ubicación y las Barreras de Actividad.

DE UBICACIÓN: Son aquéllas que restringen o prohíben la ubicación o instalación de elementos de infraestructura, redes o equipos en un determinado espacio determinado de manera tal que se dificulta o impide la prestación eficiente del servicio.

DE ACTIVIDAD: Son aquéllas que restringen o prohíben el desarrollo de una actividad comercial o técnica relacionada con la prestación de servicios de telecomunicaciones de manera tal que se dificulta o impide la prestación eficiente del servicio.

Las barreras o restricciones de ubicación y de actividad se establecen indistintamente de manera implícita o explícita en los textos normativos de los diferentes municipios, afectando de esta manera la prestación del servicio público de telecomunicaciones. Las formas más comunes son las siguientes:

  • Prohibición explícita: Cuando se establece una restricción parcial o total al desarrollo de una actividad de telecomunicaciones o a la instalación de un elemento.
  • Establecimiento de parámetros técnicos: se presenta cuando una norma municipal establece de manera inadecuada especificaciones técnicas para un tipo de obra, instalación, actividad de manera tal que se dificulta la aplicación de las mismas para los operadores de Telecomunicaciones.
  • Exigencia de requisitos excesivos: La exigencia de documentos o gestiones excesivos que imponen cargas excesivas a los operadores.
  • Definición inadecuada del concepto de telecomunicaciones: La definición inadecuada o descontextualizada de un elemento técnico, de una actividad o de un concepto general relacionado con la industria de telecomunicaciones en un reglamento municipal, puede llevar a que al momento de aplicar la norma se restrinja o impida injustificadamente la prestación de los servicios públicos en una determinada área de la ciudad.
  • Adopción inadecuada de normas Técnicas: Cuando se adopta una norma técnica ya existente a nivel nacional o internacional y se relaciona con una situación técnica o fáctica que no corresponde a las realidades o necesidades específicas, puede restringirse o impedirse injustificadamente el despliegue de la infraestructura y la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

Así las cosas, y luego de realizar un estudio detallado de la normatividad en materia de despliegue de infraestructura a nivel departamental, municipal, distrital o local se identificaron las siguientes barreras normativas, las cuales se encuentran en contravía de lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo:

  1. Dispersión normativa: Las disposiciones relativas al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones no se encuentran concentradas en un solo acto administrativo, compilación, resumen, esquema o cualquier otro instrumento normativo que permita conocer todas las normas de un mismo municipio referidas a esta materia.
  2. Poca publicidad de la normatividad: Muchos municipios no tienen publicada en la respectiva página Web o en otro mecanismo de divulgación de los temas de interés para los ciudadanos y empresas, las normas de ordenamiento territorial (POT1, PBOT2, EOT3) y las demás normas que regulan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
  3. Existencia de normas desactualizadas y sin contexto: Si bien algunos de los municipios cuentan con normas de ordenamiento territorial que reconocen la importancia de las telecomunicaciones como factor fundamental para el desarrollo socio económico y para tal efecto establecen disposiciones generales y específicas relativas al despliegue de infraestructura, también es cierto que en muchos casos no se hace referencia alguna a los aspectos relacionados con las telecomunicaciones.
    Es común encontrar referencias relativas al servicio de telefonía local pero en la mayoría de los casos, no se prevén normas relacionadas con proyectos de infraestructura asociados con Internet y nuevas tecnologías.
  4. Prohibiciones de prestar servicios o actividades de telecomunicaciones en zonas residenciales y comerciales: Algunos municipios asignan el carácter de industrial o comercial a los servicios de telecomunicaciones y posteriormente al reglamentar el uso de suelo, prohíben el desarrollo de estas actividades en zonas residenciales o zonas comerciales: otros definen “centros de Telecomunicaciones” como equipamientos y limitan su ubicación a zonas institucionales o comerciales, dificultando así la instalación de ciertas infraestructuras necesarias para la distribución de servicios en zonas residenciales; además existen quienes prohíben explícitamente la prestación de servicios de telecomunicaciones en determinadas zonas de la ciudad y, en muchas ocasiones al no estar el uso del suelo autorizado para el desarrollo de actividades de telecomunicaciones se argumenta que no hay una autorización expresa para el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones o la instalación de elementos de red.
  5. Normas generales de ubicación de elementos de telecomunicaciones: Además de las normas que prohíben realizar actividades comerciales de telecomunicaciones, también es común encontrar normas municipales que restringen o prohíben de manera general la 1 Plan de Ordenamiento Territorial 2 Plan básico de Ordenamiento Territorial 3 Esquema de ordenamiento Territorial ubicación de ciertos elementos de telecomunicaciones en determinados tipos de espacios o zonas urbanas.
  6. Exigencias sobre características de edificios e instalaciones: En algunos casos en edificaciones en las que operan establecimientos de telecomunicaciones (antenas, estaciones de telefonía, etc) desconociendo la realidad tecnológica de las redes actuales, se establecen obligaciones de parqueaderos, número de baños, zonas de descargue etcétera.
  7. Prohibiciones y restricciones a la instalación de antenas: Se han adoptado una serie de restricciones absolutas y generales que impiden la instalación de antenas en diferentes tipos de espacios urbanos, tales como parques, zonas residenciales, áreas cercanas a colegios, centros geriátricos, etcétera, sin brindar la posibilidad de plantear la instalación de antenas en condiciones de mimetización o con características que no generen inconvenientes a la ciudad y a sus habitantes.
  8. Restricciones relativas a la distancia mínima entre antenas, dado que sin ningún tipo de motivación o criterio técnico, se establece una distancia mínima de separación entre antenas.
  9. Ausencia de parámetros objetivos para la mimetización de antenas: No se encuentran las normas municipales unos estándares claros, completos, objetivos y aceptados por las partes interesadas (proveedores y autoridades locales) que establezcan unas directrices y buenas prácticas en materia de mimetización.
  10. Deficiente articulación entre proveedor, autoridad municipal y autoridad nacional: Al no contar el municipio con la asesoría adecuada para comprender la realidad operativa y tecnológica inherente al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones es muy difícil armonizar la aplicación de las normas de ordenamiento territorial con las necesidades de expansión de las redes o articular las competencias de ordenamiento urbano, protección medioambiental con la promoción del desarrollo y despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en los distintos municipios o ciudades.
  11. Apreciación errónea de la comunidad frente a la afectación a la salud que puede generar la exposición de las personas a los campos electromagnéticos, desconociendo los objetivos que se fijan los proveedores de redes al dar inicio a un proyecto de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Debido a la existencia de diversos actores de carácter público y privado que son fundamentales, en el desarrollo del despliegue de la infraestructura, tales como los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, los gobiernos municipales y los diferentes Ministerios involucrados, se deben considerar las siguientes premisas:

  • Dar cobertura de todos los servicios de telecomunicaciones al 100% de la población.
  • Mejora continua de la calidad de los servicios de comunicaciones.
  • Impulsar el desarrollo económico a nivel regional y nacional.
  • Evitar afectaciones al medio ambiente o la salud de las personas.​